En el marco de las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, la Ciudad de
México enfrenta un ambicioso paquete de medidas legislativas que buscan garantizar el
acceso a la vivienda y reducir la desigualdad urbana. Estas acciones, si bien responden a
una necesidad social, también generan interrogantes sobre su impacto en la propiedad
privada y en la estabilidad del mercado inmobiliario.
Durante un reciente webinar realizado por GIZP, titulado Gentrificación, precios, control de
rentas. Conoce qué hará el gobierno de la CDMX al respecto, impartido por Fernando
Rodríguez Bustamante, abogado especialista en derecho inmobiliario y actual titular del
área jurídica en GIZP, se abordaron los principales puntos de esta política pública y sus
implicaciones para el sector.

¿Qué es la gentrificación y por qué preocupa en la CDMX?
La gentrificación es un proceso de transformación urbana que impulsa mejoras en
infraestructura, servicios y oferta inmobiliaria, pero que al mismo tiempo eleva los costos
de vivienda y servicios. Esto provoca el desplazamiento de los habitantes originales y un
cambio en la composición social de las comunidades.
En la CDMX, colonias como Roma, Condesa, Juárez y Polanco son claros ejemplos de
cómo esta dinámica ha beneficiado a ciertos sectores, pero también ha generado
tensiones sociales y económicas. De ahí que el gobierno capitalino haya planteado
distintos ejes temáticos para abordar el problema, destacando la regulación de rentas y la
promoción de vivienda social.

Principales estrategias planteadas
Durante la sesión, Fernando Rodríguez Bustamante presentó y analizó los puntos más
relevantes de la agenda de Clara Brugada para combatir la gentrificación en la capital:

1. Control de rentas habitacionales
   Se establece que las rentas no podrán aumentar por encima de la inflación.
   Aunque busca dar estabilidad a los inquilinos, la medida plantea dudas sobre
   cómo se definirá un índice justo y sostenible.
2. Índice de precios de alquiler y zonas de tensión inmobiliaria
   Se propone crear un indicador oficial para regular rentas y definir áreas críticas.
   Rodríguez Bustamante advierte que su éxito dependerá de estudios técnicos
   sólidos y transparentes.
3. Regulación de alquileres temporales en plataformas digitales
   Se pretende limitar el uso de viviendas para hospedaje turístico, evitando así el
   desplazamiento de residentes y la pérdida del arraigo comunitario.
4. Defensoría de derechos inquilinarios
   Se creará una instancia para proteger a los inquilinos. Sin embargo, el especialista
   señala que, en la práctica, los arrendadores suelen ser los más afectados, por lo
   que es necesario un enfoque equilibrado que resguarde también sus derechos.
5. Ley de rentas justas y asequibles
   Busca regular y estabilizar los precios del alquiler, aunque genera inquietud sobre
   la rentabilidad de las inversiones y el interés del sector privado en continuar
   desarrollando proyectos habitacionales.
6. Vivienda pública con enfoque sostenible
   Se plantea la construcción de desarrollos públicos en zonas céntricas, bajo
   criterios ambientales y de inclusión social.
7. Vivienda pública en renta para sectores prioritarios
   Se dará prioridad a jóvenes, madres solteras y grupos vulnerables en esquemas
   de renta asequible.
8. Banco de suelo y políticas de expropiación controlada
   Uno de los puntos más polémicos es la creación de un banco de tierra, que
   concentrará predios subutilizados para destinarlos a vivienda social. Esto incluiría
   procesos de expropiación en zonas de alta presión inmobiliaria, lo que genera
   preocupación entre propietarios y desarrolladores.
9. Coordinación con el sector privado
   El gobierno reconoce que la inversión pública por sí sola no será suficiente para
   alcanzar los objetivos de vivienda asequible. Por ello, se propone una colaboración
   directa con desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras y propietarios de
   suelo para generar proyectos mixtos que integren unidades de interés social y
   esquemas sostenibles. Se buscarán incentivos fiscales y facilidades
   administrativas para quienes participen en estos programas.
10. Plan maestro para la planeación urbana
    Este plan busca trazar una ruta integral de crecimiento urbano que evite la
    concentración de servicios y oportunidades en pocas zonas de la ciudad. La meta
    es redistribuir el desarrollo habitacional y comercial para prevenir desigualdades y
    garantizar un uso eficiente del suelo, priorizando criterios ambientales y de
    movilidad sostenible.
11. Impulso del programa de arraigo comunitario
    Con esta iniciativa, se busca fortalecer la identidad barrial y evitar el
    desplazamiento masivo de familias. El programa promoverá espacios de vivienda
    asequible dentro de comunidades consolidadas, fomentando el sentido de
    pertenencia y reduciendo la pérdida de tejido social que genera la gentrificación.
12. Programa de estímulo a comercios locales para fortalecer la economía barrial
    La gentrificación no solo encarece la vivienda, también afecta la dinámica
    económica de los barrios. Para contrarrestarlo, se implementarán incentivos para

pequeños negocios y actividades económicas tradicionales, con el objetivo de
conservar la diversidad comercial y proteger a los comerciantes de aumentos
desmedidos en rentas o servicios.

13. Participación comunitaria en la gestión de proyectos
    Las comunidades locales serán parte activa en la planeación y supervisión de los
    proyectos de desarrollo. Esta participación busca generar consenso social,
    transparencia y confianza en la implementación de las nuevas políticas,
    reduciendo posibles conflictos entre vecinos, inversionistas y autoridades.
14. Creación de un observatorio de suelo y vivienda
    Este organismo tendrá la función de monitorear los precios de venta y renta,
    identificar zonas de tensión inmobiliaria y evaluar el impacto de las políticas
    públicas. La información será clave para generar diagnósticos certeros que
    permitan tomar decisiones con base en datos reales, minimizando riesgos para
    inversionistas y garantizando un mercado equilibrado.

Desafíos para el sector inmobiliario
Si bien estas medidas buscan garantizar el derecho a la vivienda, también generan dudas
importantes:
● ¿Cómo se asegurará que los topes de renta y los índices de precios se basen en
estudios técnicos y no en criterios políticos?
● ¿Qué garantías tendrán los propietarios ante posibles expropiaciones?
● ¿Cómo se fomentará la inversión privada sin comprometer la rentabilidad del
sector?
Fernando Rodríguez Bustamante subrayó que la clave está en lograr un equilibrio entre la
protección social y la seguridad jurídica de los inversionistas. El reto será garantizar
procesos claros, compensaciones justas y transparencia en la aplicación de estas
políticas.
La gentrificación es un fenómeno complejo que exige políticas públicas inteligentes y la
participación de profesionales inmobiliarios. Desde GIZP, continuaremos impulsando foros
de análisis que permitan comprender los cambios legislativos y anticipar sus efectos, con
el objetivo de construir un mercado más justo, competitivo y sostenible para todos.