La Ciudad de México ha enfrentado en los últimos años diversos desafíos en el sector inmobiliario, siendo la corrupción uno de los más destacados. El denominado «cártel inmobiliario» ha operado en la capital, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, donde exfuncionarios públicos y empresas constructoras han estado implicados en prácticas ilícitas que afectan el desarrollo urbano y la confianza ciudadana. Ante esta problemática, el gobierno capitalino ha implementado la Ventanilla Única de Coordinación Inmobiliaria como una estrategia para combatir la corrupción y promover la transparencia en el sector.

El «cártel inmobiliario» en la Ciudad de México

El término «cártel inmobiliario» se refiere a una red de corrupción urbanística que involucra a exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez y a empresas constructoras. Esta red ha operado durante más de una década, permitiendo la construcción de inmuebles que violan las normativas de uso de suelo y edificación a cambio de sobornos y beneficios económicos. Las investigaciones señalan que desde 2011, funcionarios de diversas áreas, como la Dirección de Obras y la Ventanilla Única, solicitaban pagos que iniciaban en 150,000 pesos para omitir inspecciones o permitir construcciones ilegales. Estas prácticas resultaron en la edificación de más de 260 pisos adicionales en al menos 130 edificios de la alcaldía, generando ingresos ilícitos superiores a 7,000 millones de pesos. 

Ventanilla única de coordinación inmobiliaria: Una respuesta a la corrupción

En respuesta a estas irregularidades, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en enero de 2025 la creación de la Ventanilla única de coordinación inmobiliaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal simplificar y agilizar los trámites administrativos para desarrolladores inmobiliarios, estableciendo un expediente único y homologando los requisitos para proyectos viables. Además, busca garantizar un seguimiento continuo a los inversionistas y aplicar normas específicas, como la Norma General de Ordenación 26. La mandataria enfatizó que esta ventanilla servirá como un «antídoto contra el cártel inmobiliario», promoviendo procesos transparentes y eficientes que eviten la corrupción y la gentrificación, protegiendo así a las comunidades locales. 

Análisis de la propuesta y reflexiones para el futuro

La implementación de la Ventanilla Única representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el sector inmobiliario de la Ciudad de México. Al centralizar y transparentar los procesos, se reducen las oportunidades para prácticas ilícitas y se fomenta la confianza entre los inversionistas y la ciudadanía. Sin embargo, para que esta iniciativa sea verdaderamente efectiva, es necesario considerar los siguientes aspectos:

Fortalecimiento institucional: Es crucial dotar a la ventanilla única de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para operar de manera eficiente. La capacitación constante del personal y la implementación de sistemas digitales avanzados garantizarán procesos más rápidos y transparentes.

Participación ciudadana: Involucrar a la comunidad en la supervisión y evaluación de proyectos inmobiliarios es fundamental. Mecanismos de denuncia y consulta pública pueden servir como herramientas para detectar y prevenir actos de corrupción.

Colaboración público-privada: Fomentar una relación de confianza y colaboración entre el gobierno y los desarrolladores inmobiliarios es esencial. Establecer canales de comunicación claros y efectivos permitirá resolver dudas y agilizar trámites, reduciendo la posibilidad de actos corruptos.

Actualización normativa: Revisar y, en su caso, reformar las normativas urbanísticas para adaptarlas a las necesidades actuales de la ciudad, asegurando que sean claras y aplicables, evitando interpretaciones ambiguas que puedan dar lugar a actos ilícitos.

La ética es responsabilidad de todos

La lucha contra la corrupción en el sector inmobiliario no depende únicamente de la implementación de nuevas herramientas o ventanillas. Requiere un compromiso genuino de todos los actores involucrados para actuar con integridad y ética en cada una de sus acciones. Como profesionales del ramo, es nuestra responsabilidad promover prácticas honestas, priorizando el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Solo a través de una conducta basada en valores y principios sólidos podremos construir un entorno inmobiliario transparente y confiable para todos.